La educación de jóvenes y adultos es un componente fundamental del derecho a la educación en Colombia. Sin embargo, su consolidación como política pública ha sido un proceso gradual, lleno de retos y transformaciones. Hoy, modalidades como el bachillerato para adultos y la validación del bachillerato están respaldadas por un marco normativo que busca garantizar el acceso, permanencia y certificación de quienes no pudieron culminar su educación en los tiempos convencionales. Estos procesos son especialmente importantes en contextos como Suba, localidad de Bogotá donde la demanda por segundas oportunidades educativas ha crecido notablemente.
Desde la Ley General de Educación (Ley 115 de 1994), Colombia reconoce la educación de adultos como una modalidad con identidad propia. En su artículo 40, esta ley establece que la educación para adultos debe ofrecerse en programas flexibles, pertinentes y adaptados a las necesidades de la población, incluyendo estrategias para la validación del bachillerato. Este enfoque reconoce que no todos los ciudadanos siguen trayectorias escolares lineales, y que el sistema debe ofrecer alternativas para el reingreso educativo y la certificación de saberes adquiridos por experiencia. Uno de los principales instrumentos normativos en este ámbito es el Decreto 3011 de 1997, que reglamenta la organización de la educación de adultos en Colombia. Este decreto establece lineamientos claros sobre los ciclos de formación, la evaluación, la titulación y las condiciones de ingreso para mayores de 18 años. Además, impulsa modelos flexibles como la educación por ciclos y el uso de materiales didácticos adaptados a las necesidades del adulto. A nivel distrital, Bogotá ha sido pionera en la implementación de políticas educativas para personas en extraedad. La Secretaría de Educación ha desarrollado programas como “Educación para jóvenes y adultos”, que promueven la culminación de la educación básica y media a través de instituciones oficiales y alianzas con entidades de formación para el trabajo. En Suba, varias sedes educativas han sido habilitadas como centros de atención para adultos, donde se implementan programas con enfoque diferencial, que articulan la educación con procesos de orientación laboral, formación ciudadana y habilidades para la vida.
Un elemento clave de estas políticas es la posibilidad de acceder a la validación del bachillerato, una modalidad que permite certificar los conocimientos de quienes no cursaron formalmente todos los grados escolares. Este proceso está regulado por el ICFES, que ofrece anualmente el examen SABER 11 para validantes, el cual evalúa competencias en lectura crítica, matemáticas, sociales, ciencias naturales e inglés. Si el estudiante alcanza el puntaje mínimo requerido, obtiene su título de bachiller académico. Este modelo de validación ha sido especialmente valioso para adultos trabajadores, mujeres cuidadoras, migrantes y personas desplazadas, quienes por razones económicas o sociales no pudieron terminar sus estudios. En Suba, este mecanismo ha abierto oportunidades reales para que muchos ciudadanos ingresen a programas técnicos, accedan a empleos formales o continúen con estudios universitarios.
En 2020, el Ministerio de Educación Nacional fortaleció la normatividad para los modelos educativos flexibles, reconociendo la necesidad de contar con metodologías más adaptadas a la realidad de los adultos. Esto se materializó en lineamientos curriculares, orientaciones pedagógicas y el impulso al uso de las tecnologías en procesos como el bachillerato virtual, el cual también puede articularse con la validación formal del título.
Otro avance importante es la integración de estos procesos en los marcos de la Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano (ETDH), donde muchos centros de formación ofrecen preparación para la validación del bachillerato como parte de sus servicios. Estas entidades, bajo la vigilancia de las Secretarías de Educación, actúan como aliadas clave para ampliar la cobertura y mejorar la calidad de la educación para adultos. Frente a ello, es indispensable fortalecer la articulación entre el nivel nacional y local, aumentar la inversión en infraestructura, y promover campañas de sensibilización que dignifiquen la educación de adultos y la validación como una opción legítima y valiosa.
El marco legal y las políticas públicas que respaldan el bachillerato para adultos y la validación del bachillerato en Colombia representan un avance significativo hacia la equidad y la justicia social. En territorios como Suba, donde conviven múltiples formas de exclusión y resistencia, estos procesos permiten que cada día más ciudadanos recuperen su derecho a aprender y construir un futuro con más oportunidades. La educación no tiene edad, y cuando las normas, las instituciones y la voluntad de aprender se encuentran, el cambio es posible.